Ni la escuela escapa del licor

Fomentar cultura de paz es otro de los desafíos del sistema educativo nacional, y la acelerada distribución e ingesta de alcohol son algunas de sus barreras en el camino.

La escuela es uno de los tres pilares formadores de conductas del ser humano, junto con la iglesia y la familia. Y es precisamente, el sistema educativo venezolano, que encara en la actualidad momentos de continua conflictividad social, a la que requiere dar respuesta generando cultura de paz, un elemento clave en dicha formación. Ante las tendencias mundiales del consumo de alcohol in crescendo y la desenfrenada distribución y bombardeo publicitario, ha de enfrentarse la escuela, que se ve cercada en todos sus frentes por la industria del licor.

ALCOHOL OMNIPRESENTE
Venezuela, entre otros de sus reconocimientos internacionales, ostenta el triste privilegio de pertenecer a la élite de consumidores de alcohol en el planeta, y en 2007 cada venezolano invertía 20% de su presupuesto familiar mensual para adquirir bebidas alcohólicas, según la empresa encuestadora Datos. El municipio Caroní no escapa de esa realidad, y no existe centro urbano que no esté plagado de ventas de licores, reglamentarias o no. Según cifras de hacienda municipal, en Caroní existen aproximadamente, 2000 expendios lícitos de sustancias alcohólicas, que van desde cantinas, bares, tascas, supermercados, abastos, botiquines, bodegones, hasta licorerías.
En nuestro municipio, donde habitan ochocientas mil personas, hay una relación de 400 expendios de licor per cápita, cuando según el reglamento de la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas la relación debería estar entre una licorería por cada mil personas y de una venta por copas por cada 2000 habitantes. Esta alarmante realidad puede ser corroborada con los resultados, no menos preocupantes, desprendidos de un estudio hecho en 2006, por los propios estudiantes de las 16 escuelas de Fe y Alegría en Guayana. Allí se concluyó que cada escuela de esa organización estaba rodeada al menos por 12 centros de distribución de licor, al mayor o al detal, legal o ilegal.

LA MEZCLA EXPLOSIVA
“A mi me frustra ver como mi hijo pasa la mitad del día recibiendo educación, y en cuanto sale a la calle a esperar su transporte tenga que ver y escuchar las obscenidades de los borrachos de la licorería de la esquina, entonces que de qué sirve el día de clases” asevera Rita Celis representante de un adolescente cuyo colegio está a solo metros de una licorería. Según la psicología universal, los diez primeros años del ser humano son clave para el resto de su crecimiento, y si no se les da suficiente momento y espacios a nuestros niños, quitándole lo que necesita y poniéndole lo que no le hace falta para su salud física y mental, imagina los resultados, diserta preocupada Luisa Pernalete, docente de Fe y Alegría y parte del programa de asistencia social de la institución educativa.
Ya desde la década pasada se consideraba como un fenómeno social el crecimiento desmesurado de la ingesta de alcohol, y más aún, la proveniente de la población juvenil, puesto que estudios de la desaparecida Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), revelaban que en Venezuela se empezaba a consumir licor desde los 10 años, y que el 70% de los sujetos entre 12 y 20 años había consumido alcohol alguna vez en su vida, y de ese porcentaje el 13,2 % se había embriagado.
“El alcohol esta involucrado en el 50% de los homicidios y suicidios y el 40% de los accidentes de tránsito se deben a la ingesta de productos alcohólicos” se refleja en el estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hecho en Venezuela en 2006.
No es solo el consumo de alcohol, factor determinante, sino también la inexistencia de espacios y programas de recreación y el incremento de elementos perturbadores, lo que provoca una mezcla explosiva, afirma la docente Luisa Pernalete.

MANO DURA AL LICOR
Aunque en la actualidad el municipio está saturado y sobreexpuesto al expendio de licor, ya se van a cumplir tres años desde que se emitió la última licencia para la venta de bebidas alcohólicas. Desde septiembre de 2005, fecha en que se les transfiere a las alcaldías de todo el país la potestad de otorgamiento de licencias para expendio de licores, facultad originaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), la municipalidad de Caroní ha regulado la materia de licores. “Desde que se creó la división de licores en la hacienda municipal, se ha intentado hacer cumplir la ley, respetando los horarios y las especificaciones técnicas necesarias” asegura Lariel Díaz, director de hacienda municipal.
No solo no se han otorgado más licencias, sino que se empezó a respetar el horario establecido en la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, donde se dispone la venta de productos de esta naturaleza de lunes a sábado de 9 am a 9 pm y prohibida la venta domingos y días feriados.
“Aquí no se respetó la disposición de expendios de licor en zonas industriales, zonas residenciales, cerca de colegios, hospitales, iglesias y hoteles, simplemente se creó un despelote, y hoy se ven los resultados” afirma Lariel Díaz. A raíz de esto, en cuanto se tuvo la competencia, se empezó un proceso de adecuación, que consistía en la renovación de licencias, solo si se cumplen con los requerimientos sanitarios y de bomberos, así como el pago de los tributos, agrega Díaz.

DESCONOCIMIENTO O DESINTERÉS
El director de hacienda municipal, Lariel Díaz, asegura que solo bastaría un documento por escrito emitido por la dirección de un colegio o cualquier otra institución amparada por la ley, manifestando el malestar causado por un establecimiento donde se venda licor a menos de 500 metros de dicha institución, y donde se presenten situaciones perjudiciales al proceso enseñanza aprendizaje y todo lo que éste involucra, para que la municipalidad tome carta en el asunto y se disponga a trasladar al expendio de alcohol a la distancia reglamentaria. “Ahora no sé si trata de un asunto de ignorancia o inconveniencia, pero invitamos principalmente a las instituciones educativas a usar los mecanismos que le brinda la ley y las instituciones, para empezar a resolver esta problemática” expresa Díaz.
La coordinadora educativa del municipio escolar de Caroní, Morelys Monroy, asegura que hasta el sol de hoy, no han tenido queja o reclamo al respecto, que no ha llegado a la defensoría escolar ninguna denuncia de perturbación de licorería a colegio o escuela, más sin embargo, está consciente de que si es un tema preocupante, visible e incluso, alarmante. “Ni padres y representantes, ni direcciones de instituciones privadas o públicas han hecho uso de su derecho, pero de ser así, aquí estamos listos con la defensoría escolar para canalizar la denuncia junto con la alcaldía” complementa Monroy, quien además deja claro que los directores de las instituciones tienen esa información, y que están claros que no deben funcionar licorerías cercas de los colegios, aunque no está demás emprender una campaña con los supervisores por parroquia para reorientar a los directores.
Monroy entiende que si se quiere formar al nuevo ciudadano, integral, crítico y humano, es necesario atacar este tipo de situaciones que contribuyen a la perdida de valores, y hace un llamado a los licoreros para que cumplan con sus horarios, así como al concejo legislativo, del cual esperan invitación para formar parte de las mesas de trabajo en la discusión de la nueva ordenanza en materia de licores.

ORDENANZA PARADA
Ya se van a cumplir tres años desde que la cámara legislativa del municipio Caroní recibiera los primeros proyectos de ordenanza en materia de licores, propuestos tanto por la hacienda municipal como por la asociación de licoreros de Ciudad Guayana. “Ellos no tiene ningún interés de promulgar esa ordenanza, porque ya lo hubiesen hecho” afirma Lariel Díaz, coordinador de hacienda municipal, quien afirma que el proyecto presentado por su oficina, cuenta con el respaldo de un numeroso grupo de especialistas en el asunto, por lo que se constituyó en un proyecto novedoso y muy completo.
Por su parte, la concejala Trina Gruber, representante de la comisión de economía social de la cámara legislativa, anticipa que el proyecto de ordenanza ya pasó por primera discusión, ahora mismo se va empezar el proceso de mesas de trabajo para después ir a segunda discusión, pero que el proceso se ha dilatado porque se ha tenido que comparar ambos proyectos y corregir múltiples errores de forma, porque no todo el mundo sabe presentar una ordenanza.
La concejala, también hizo mención a la creación de mesas de trabajo, en las que numerosos representantes de las comunidades tuvieron derecho de palabra al respecto, y de las que se sacaron conclusiones importantes, todo esto, sin contar con la presencia de hacienda municipal, aunque fueron invitados. “Afortunadamente, contamos con un presidente de la asociación de licoreros muy pensante y comprometido son la sociedad, como lo es el señor Florentino Muñoz, quien ha presentado un proyecto muy interesante, preocupado siempre por el correcto funcionamiento de las licorerías” afirma la concejala Gruber.
Se hizo una mezcla entre la propuesta de licoreros y de hacienda, asegura Gruber, más algunas precisiones hechas por nosotros desde la comisión de economía social. El punto clave en el proyecto de los licoreros pasa por la expansión de los horarios de venta al público, aún por encima de Ley de Licores, puesto que pretenden poder vender sus productos los domingos y feriados de 9 am a 2 pm, y en supermercados los domingos de 8 am a 12 m. Ese punto fue acogido en el proyecto mixto de los concejales. “Particularmente te puedo asegurar que la prohibición de ventas los domingos incrementa la venta ilegal de licor” asevera Gruber, por lo que es preferible permitir la venta los domingos, quien además confirma que este año se sanciona la ordenanza, no se tiene fecha, pero no pasa de 2008.

EL LICORERO DICE
La asociación de licoreros de Ciudad Guayana se puesto en movimiento como nunca antes desde 2005, incluso hasta promovieron una caravana por la ciudad en 2006, de la que aún está fresco el recuerdo de vehículos pintados con consignas como: Alcalde, no me quites mi licorería, y personas demandando mayor libertad para el gremio de licoreros. El presidente de esta asociación, Florentino Muñoz, comparte la preocupación de su gremio ante el inminente perjuicio que causaría la instalación de un expendio de licores a menos de 500 metros de una institución educativa, más sin embargo, también acusa la constitución de colegios y escuelas posteriores a la licorería, lo que considera una actitud irresponsable y ajena a su control.
“Hoy en día estamos trabajando para evitar que los licoreros no cumplan con los horarios de venta permitidos y para detener el consumo frente a nuestros locales, pero siempre hay un grupito que no se apega a las leyes” expresa Muñoz, ese grupito afecta al resto del gremio. Pero por otra parte se está en plena lucha para extender los horarios de venta al público y de que se reconozca que la competencia en materia de licores ya no pertenece a la alcaldía, sino al ejecutivo nacional, según la segunda reforma de la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, sancionada el pasado 3 de octubre, informa Florentino Muñoz, presidente de la asociación de licoreros de Guayana.
Ciertamente, esta segunda reforma, plantea en su artículo 4, que la regulación en materia de licores queda reservada totalmente al Poder Público nacional. No obstante, este decreto presidencial con rango de ley, no ha empezado a ejecutar. “Ni el director del Seniat nos supo dar respuesta de cuándo se va a empezar a aplicar el decreto, y cuándo le van a quitar la competencia a la alcaldía”, dice Muñoz, quien además afirma que la venta ilegal va por un 26% de aumento, porque lamentablemente el alcalde no ha querido entrar en razón, ante algunos de nuestros planteamientos.

EL DRAMA SOCIAL
Las tendencias de incremento en el consumo nacional de alcohol tiene que relación directa entre otras cosas con que “los esfuerzos realizados han sido insuficientes, uno de los factores que ha influido en este sentido ha sido la falta de coordinación entre las instituciones involucradas, se evidencia la necesidad de diseñar y poner en marcha programas preventivos intersectoriales dirigidos a los grupos de mayor riesgo, especialmente en la edad de inicio del consumo; Ante la relación del consumo de alcohol y los accidentes y violencia se debe promover la formulación de políticas públicas saludables que permitan apoyar los cambios de comportamientos” se decía desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su plan de cooperación con Venezuela 2006-2008.
Y más allá, de ese planteamiento institucional, está el irrenunciable factor corresponsabilidad ciudadana. La solución está en el compromiso social, de todos los actores, ya sean, consumidores, gobierno, distribuidores y comerciantes, en poner adelante los intereses de la nación y de sus habitantes, de las nuevas generaciones y del hombre nuevo.

La basura: peligroso cóctel de calamidades (I y II)

Declarada emergencia nacional en 2001, constantemente diagnosticada y tratada, la basura es el primer problema ambiental de venezolanos, víctimas y victimarios de su propio flagelo

También en 2007, el deficiente manejo de desechos sólidos domésticos se consagró como el principal problema ambiental de Venezuela, según la opinión de 245 expertos ambientales consultados anualmente por la organización conservacionista venezolana, Vitalis. Y es que, un peligroso cóctel de calamidades que van desde la inconclusa infraestructura de recolección y disposición, insensibilidad e ignorancia ciudadana, infructuosas gerencias municipales, inconvenientes hábitos de consumo colectivo hasta una visión a futuro limitada, constituyen algunos de los elementos que enturbian la pronta solución de la problemática. Ciudad Guayana no le es esquiva a esa realidad, sin embargo el servicio empieza a normalizarse y crece el optimismo.

VENEZUELA EMBASURADA
Una de las dificultades globales contemporáneas está relacionada con el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. Venezuela es parte de ese contexto y encuentra en la falta de planificación estructural su causa primaria.
La Organización Panamericana de la Salud en su estrategia de cooperación 2007-2010 con el Estado, expone que “Venezuela llegó a la década actual arrastrando varias décadas de no planificación ni inversión urbana”, de allí la insuficiente plataforma sanitaria que ha dejado al 72% de los municipios adoleciendo de un sistema efectivo para la disposición final de la basura.
El crecimiento de la población y el acelerado aumento del poder adquisitivo a principios del presente siglo, determinaron la desproporcionada variación de los niveles de consumo, detonante de la crisis de basura a partir de 2001.
En el informe 2000-2001 de Vitalis, los especialistas concluyen que la naciente situación responde a la "alta capacidad de generación, limitada conciencia de la población en torno al problema, sistemas de reciclaje subutilizados, colapsados o inexistente y deficiente gestión de las autoridades".
En 2001 se generaban solo en la zona metropolitana de Caracas, 3.500 toneladas diarias de basura y ya en 2003 se alcanzaban las 5.000 toneladas al día. Los mecanismos de recolección fueron rebasados y la estructura colapsó, “Más del 80% de los desperdicios permanecen expuestos en nuestras ciudades”, afirmaba entonces el presidente de Vitalis Diego Díaz.

CRÓNICA DE UN DESASTRE
Ciudad Guayana, tradicionalmente limpia y ordenada, se contagió de la misma enfermedad y entró en terapia intensiva, también en 2001. Sin embargo las razones van más allá de lo estructural. Hagamos retrospección del asunto. Salvo aisladas experiencias de algunas entidades autónomas, como es el caso de la Compañía Anónima Municipal de Limpieza Urbana Guayana (Camluga), operativa los años 79 y 80, bajo la administración del Concejo Municipal presidido por Jesús González, hasta finales de la década pasada, el servicio de aseo urbano estaba en manos de la CVG, encargada de financiar y ejecutar la limpieza, barrido, recolección y disposición final de los desechos domésticos y comerciales de la ciudad.

EL INICIO
El 11 de marzo de 1998, la empresa internacional Sabenpe firma el contrato de concesión con la Alcaldía de Caroní, donde se definía su obligación de prestar servicios de “recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y patológicos, limpieza urbana y las operaciones relacionadas con el cobro de las tarifas correspondientes a estos servicios”.
El convenio se finiquitó en los linderos del mandato municipal de la alcaldesa Pastora Medina, quien les confió el trabajo por catorce años. “La compañía llegó con una flota completa y de primera, 27 unidades en total cumplían la recolección y el barrido, incluso el mecánico”, asegura el ex director de servicios de concesión de Almacaroni, Rafael Zerpa, quien para ese entonces fuese empleado de Sabenpe.
Hasta finales del 2000, Sabenpe rindió en su compromiso con las ocho parroquias que le fueron asignadas y ya había adelantado niveles de funcionalidad del relleno sanitario. “Se estaba usando como relleno, se hacían las fosas, se compactaba y se separaban con arcilla las placas, incluso se adquirieron doce fumarolas para tratar los gases generados”, asegura Zerpa.
Pero la tradicional caída y mesa limpia, propia en las transiciones gubernamentales de la historia política venezolana, no se hizo esperar. El gobierno de Briceño le puso el ojo al aseo urbano que hasta ese momento, al menos, no era protagonista mediático. El 26 de diciembre del 2000, la alcaldía rescinde el contrato de concesión y ordena a Eleoriente la suspensión de pagos que su recaudación otorga a Sabenpe, todo esto, alegando el recurso de reconsideración.

EL CONFLICTO
Sabenpe denuncia una deuda de 12 mil millones de Bolívares de los débiles y al mismo tiempo se desentienden de 444 trabajadores. Se desata el pandemonio y explota el caos en Ciudad Guayana. Trabajadores en huelga, cierre de las puertas del vertedero de Cambalache, personas quemando basura en las calles, voluntad política desaparecida, el resultado, una ciudad inundada en sus propios desechos.
El 28 de mayo de 2001, se modifica el contrato de concesión reduciendo el espacio operativo de Sabenpe de ocho a sólo tres parroquias, además se prescinde de su servicio de barrido manual en todas las parroquias y la administración del relleno sanitario Cambalache.
Cambalache pasa a manos de una empresa de maquinarias pesadas y vuelve a sus andanzas como vertedero. Y Briceño le da inicio a su plan bandera, “Ciudad Bonita” que haría todos los trabajos de barrido, limpieza y desmalezamiento de la ciudad.
Para la recolección y traslado de los desechos de las parroquias de San Félix se contrató a Tecniclean, empresa que traería “equipos antiguos, camiones de doble eje y güinche mecánico, obsoletos ante la cantidad de toneladas generadas”, afirma Zerpa. La nueva contratación también falló y se fue. Hasta Colombia fue a parar el alcalde, para traerse a LIME, Limpieza Metropolitana, exitosa en el manejo de los desechos sólidos de la ciudad de Bogotá. Sin embargo su experiencia en Guayana fue similar a la de Tecniclean. La inversión de la empresa fue muy limitada y su margen de acción era poco significativo.
Transcurría el 2003 y la cura no llegaba, mientras tanto, la ciudadanía tenía que conformarse con escuchar de Briceño cosas como “La ciudad debe saber que el servicio de aseo urbano no es un problema de la Alcaldía sino de los ciudadanos (…) el 80% de los guayaneses no paga aseo urbano (…) no es responsabilidad nuestra la crisis del aseo urbano (...) hice todo lo que tenía que hacer, ese conflicto no es responsabilidad de la Alcaldía”.

ENTRE PROPUESTAS
La Dirección Regional del Estado Bolívar de Fundacomun, en 2005, propuso a las alcaldías de Heres, Caroní y Piar lo siguiente: La parroquialización del servicio de aseo urbano con las siguientes características: 1. Tomando como referencia la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Descentralización de los Servicios Públicos, y la Ley Orgánica sobre Desechos y Residuos Sólidos, adecuar la ordenanza municipal.
2. La parroquia organizada en cooperativas, solicitan la licitación del servicio en esa parroquia y proponen hacer la limpieza, como servicio pagado por la alcaldía, y la recolección como servicio pagado por el usuario, y cada casa o comercio separar los residuos y trasladarlo a un centro de acopio propio de cada cooperativa para la preparación previa a la comercialización. La cooperativa le entrega los desechos biodegradables al transporte, servicio que paga el usuario, pero que lo haría la alcaldía u otra empresa que licite el servicio.
El camión va al relleno sanitario, servicio que paga la alcaldía y se procesaría menos basura porque todo lo reciclable lo administra la cooperativa. La cooperativa cobra el servicio de recolección a los usuarios y la alcaldía cobra el transporte. La alcaldía le puede exonerar o no, el pago de un monto por la licitación. La alcaldía no tendría que pagarle nada a la cooperativa porque esta hace el cobro y se administra sola. El resultado: menos desechos para el relleno, más puestos de trabajo y el dinero reinvertido en la propia comunidad.

La municipalidad se encarga de los desechos y se empieza a normalizar el servicio, pero los niveles de consumo no disminuyen, mientras seguimos sin reconocer las bondades del reciclaje.

En la edición anterior hacíamos un recuento de la evolución de la problemática de los desechos sólidos en Ciudad Guayana y cómo se llegó a la situación actual. Los resultados de las gerencias municipales incompatibles unas con otras, los trágicos efectos de la transición gubernamental, la insensibilidad de la empresa privada y la poca voluntad política, configuraron el gris panorama de una ciudad que alguna vez se consideró entre las más limpias de Venezuela.

LOS RESULTADOS
Se fue Briceño y llegó Clemente. Se recibía el 2004 con la misma incertidumbre sobre la realidad de la basura, solo que ahora, se generaba mayor cantidad de desechos. La nueva administración heredaba una deuda multimillonaria con Sabenpe y con una inexistente plataforma propia para el servicio de aseo urbano.
La política de la municipalidad se enmarcó en la reconciliación, en este caso con Sabenpe. “Se le canceló una buena parte de la deuda y se le ratificó el servicio, pero con la condición que invirtieran en una nueva flota y subieran el rendimiento”, explica Rafael Zerpa, encargado de la Dirección de Servicios de Concesión en ese momento.
Sabenpe, esta vez, no cumplió, invirtió menos de lo esperado, la operatividad se hizo mediocre y la disposición, negativa. “A LIME le hicimos un seguimiento en la frecuencia, porque empezaron a fallar, poco a poco le dimos menos parroquias, hasta que acordaron irse (…) no se estaba haciendo el trabajo”, recuerda Zerpa con respecto a la corporación colombiana. Ese año se recolectaron 159 mil toneladas de basura, Sabenpe recogió 94 mil, LIME 41 mil, y los operativos de la Corporación de Servicios Patrióticos Sociales de Almacaroní (CSPS), colectaron 22 mil toneladas. El déficit no se conoce, pero la crisis continuó.
A partir de 2005 la gestión municipal encaminó la gerencia de la situación con miras a normalizar el servicio, cancelando cuanto antes la deuda de Sabenpe, adquiriendo equipos nuevos para darle poder de acción a la CSPS y reemplazar a Sabenpe, contratando a cooperativas.

EN EL INTENTO
Hoy, la CSPS a través de la Coordinación de la Gestión Integral de Manejo de Desechos Sólidos se hace cargo de la basura en la ciudad. Ha contratado a la empresa Semain para cumplir con el servicio del Core-8 y Las Amazonas, sólo cuentan con cuatro compactadoras, a su contrato le quedan 500 toneladas para expirar y se le paga a 80 Bs. F la tonelada.
A seis cooperativas se les asignó las zonas residenciales de San Félix. “Unas hacen el trabajo completo de recolectar y trasladar la basura, aunque en camiones inadecuados, sanitariamente hablando”, comenta el Ing. José Gelvis, Coordinador de la Gestión Integral de Manejo de Desechos Sólidos, quien explicó que las plataformas no cuentan con la estructura física para contener los líquidos que producen los desechos, conocidos técnicamente como lixiviados.
Otras están compuestas por personal de apoyo a las compactadoras de Almacaroní, que son los sujetos que van montados en las plataformas de los camiones. A las cooperativas se les paga por tonelada recolectada, con un valor de 66 Bs. F la unidad.
La división de desechos sólidos de la CSPS de Almacaroní cuenta con 11 compactadoras operativas, cubriendo las rutas más críticas de la ciudad, entre ellas, todas las avenidas, el centro de San Félix y las zonas residenciales más grandes de Puerto Ordaz. Solo tiene contratados a choferes, supervisores y personal logístico, y de mantenimiento en general.
Por su parte, Sabenpe hace lo que puede, o quizás lo que quiere, con poco menos de cinco camiones operativos, mientras, sigue cobrando todos los meses en la facturación de Eleoriente.

CUÁL ES EL PLAN
El pasado mes de octubre se presentaron los resultados, por iniciativa de la alcaldía, correspondientes a las necesidades del colectivo, distribuidos en las 12 parroquias del Municipio Caroní y sus respectivos consejos comunales.
Los desechos sólidos se constituyeron en la segunda prioridad de la ciudad, solo después de la inseguridad. En base a ese estudio, se conformó el presupuesto 2008.
“Hemos creado un plan trimestral, que arrancará en febrero, coordinado desde la necesidad de la comunidad, para cumplir objetivos específicos en cada parroquia”, precisa el Ing. Gelvis.
La CSPS está coordinando junto a los comités para el manejo de residuos y desechos sólidos, la recolección bajo tres elementos generales: dirección de operaciones, dirección de mantenimiento y dirección de educación y participación ciudadana. Todo esto enmarcado en lo que llaman, el Plan Operativo General por Parroquia.
En un intento por conseguir la normalización del servicio y terminar con el estado de emergencia, se proponen definir con la ciudadanía los requerimientos de cada comunidad, según sea sus necesidades y condiciones naturales.
Horarios, rutas, frecuencias, equipos, personal e información deberán ser especificados por parroquias. “Si una comunidad entiende que necesitarán pipotes, conteiners y palas, se le deberá hacer llegar y si requieren que el horario para sacar la basura sea a las 6, a esa hora deberá pasar la compactadora”, comenta Gelvis sobre cómo ha de desenvolverse esta nueva estrategia. Para apoyar la operatividad, se espera el proceso de licitación de 18 compactadoras que ya están presupuestadas.
Todo esto está montado sobre una base jurídica, representada en la Ordenanza Municipal sobre el aseo urbano, domiciliario y manejo integral de los residuos y desechos sólidos, sancionada en junio de 2006 y de la cual aún se espera el respaldo procedimental correspondiente.
Por ahora, la dirección de Educación y Participación Ciudadana, presidida por el Lic. Alberto Malavé afina detalles para emprender la campaña de educación ambiental y conocimiento de la ordenanza. “Están bienvenidos a unirse a esta nueva propuesta, a acompañarnos constructivamente, porque la realidad de los desechos sólidos es responsabilidad de todos”, decía Malavé exhortando a los medios de comunicación social a unirse a la campaña de sensibilización ciudadana.
Recalca que las comunidades son protagonistas del proceso, por eso hay afinar detalles y ordenar los sistemas operativos. “Los camiones para trasladar la basura no están en condiciones por lo que necesitamos compactadoras, tambores y bolsas plásticas, porque estamos contaminando más cuando recolectamos que dejando la basura en la calle”, asegura Roberto Méndez, representante del comité de desechos sólidos de la parroquia Dalla Costa. Pero por otro lado, la vocera del comité desechos sólidos de la parroquia Yocoima, Carmen Gómez, dice “Aquí está todo listo para empezar a reciclar, la recolección es óptima, y la compactadota cumple con su ruta, ya tenemos el centro de acopio habilitado, solo nos falta el camión para trasladar lo reciclable, en cuanto lo tengamos empezamos a separar los desperdicios”, mostrando una situación un poco más alentadora.

ENTRE PROPUESTAS
Dentro de las muchas recomendaciones del experto en desechos sólidos y gestión ambiental, Rafael Zerpa, la independencia institucional en el manejo de los residuos es fundamental. “Para cambiar un turno a un trabajador o para comprar un equipo de urgencia, dependía de muchos factores, al final se perdía mucho tiempo en el proceso”, explica Zerpa sobre su experiencia en la gestión ambiental municipal.
Es recomendable la creación de un servicio autónomo, una compañía anónima especializada en aseo urbano adscrito a Almacaroní, pero con presupuesto propio y estructura definida. Que sea capaz de cumplir con todas las fases del proceso de tratamiento de la basura, desde corresponsabilizar a la ciudadanía con campañas de sensibilización y aplicación de multas hasta la recolección, limpieza, transporte y disposición final, incluso manejo del relleno sanitario.
Un buen ejemplo, de resultados tangibles se encuentra en el Estado Lara, específicamente en Barquisimeto. “Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (IMAUBAR), este ente descentralizado es el encargado de planificar, programar, organizar, dirigir, controlar y en general prestar servicio y gestionar todo lo relativo a la recolección, transporte, disposición, tratamiento y comercialización de los desechos y desperdicios de cualquier índole dentro del ámbito del municipio” así lo exponen en su sitio web. “De esa manera el municipio podrá contar con un servicio estable y sostenido en el tiempo, que no se venga abajo cada vez que cambien de alcalde” agrega Zerpa.

239 mil toneladas se recolectaron en 2007
52 mil correspondieron a Sabenpe, (32 mil toneladas menos que en 2006)
42 mil colectó Almacaroní colectó
6 mil recolectó SEMAIN
138 mil toneladas, fueron recolectadas por las cooperativas

Las causalidades del sistema de aseo urbano rebasado son múltiples, y aún cuando se pueda limpiar la ciudad, a largo plazo, la clave está en la corresponsabilidad ciudadana.

Innumerables las causas, diversas las soluciones. Hasta ahora no se ha encontrado la salida a la generación, manejo, recolección, recuperación y disposición final de los desechos y residuos. Pero solo se atacando la raíz, gerenciando la consolidación de la corresponsabilidad ciudadana y estructuración de organismos especializados en todas las fases del proceso de la basura, incluyendo la administración del relleno sanitario, se conseguirán beneficios sostenidos en el tiempo.

ENCUENTRA LA CAUSA
Ya la Organización Panamericana de la Salud, en 1983, certificaba algunos de los problemas comunes con el tratamiento de la basura en los países latinoamericanos, entre ellos destacan, la carencia de planes y programas, recursos humanos insuficientes o mal capacitados, recursos físicos insuficientes o mal aprovechados, legislaciones incompletas u obsoletas, estructuras e instituciones débiles, limitada autosuficiencia financiera, aplicación de tecnologías inapropiadas, poca importancia dada por parte de autoridades, limitada participación de la comunidad, falta de coordinación intersectorial e intermunicipal, expansión acelerada de zonas marginales.
“Las causas más comunes relacionadas a la problemática de los desechos sólidos están entre los modelos de consumo y las condiciones del sitio o la urbe donde se desarrolla”, asevera el experto en protección ambiental Rafael Zerpa. Venezuela ha alterado extraordinariamente sus hábitos de consumo, ampliando la generación de desechos a cifras históricas.
Según las proyecciones ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadísticas, el Municipio Caroní contaba con 772 mil habitantes, por lo que cruzándola con las cifras brindadas por CSPS, el año pasado cada guayanés generaba 800 gramos de basura diariamente. Es la misma proporción propia de un natural de Caracas en 2003, que es una población de poco menos de 3 millones.
Probablemente lo más preocupante está en el hecho de la poca capacidad de prácticas de minimización, como reutilizar envases, el reciclaje y la separación de desechos. Sin embargo, algo es cierto, la causa suprema está arraigada a los niveles de conciencia y corresponsabilidad ciudadana. No sería conveniente pensar que el venezolano tenga deplorables costumbres sanitarias, pero sí, que no parece importarle ni la manera de producir el desecho, ni el compromiso por el mismo.
VEINTITRÉS AÑOS Y CONTANDO
En un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud en “33 ciudades latinoamericanas, se determinó que en 57% de ellas la basura va a parar a rellenos sanitarios y en 29% a rellenos semicontrolados. El 14% restante corresponde a residuos vertidos en botaderos clandestinos y a la disposición en las vías públicas donde no hay recolección”.
Ciudad Guayana y su sempiterno Cambalache están dentro de ese catorce por ciento. El proyecto Cambalache entró en ejecución en 1985, precisándose un término de vida útil de 12 años, y un periodo provisional de uso de 3 años.
No obstante aún persiste, como vertedero y foco de innumerables calamidades sanitarias y sociales. “Hace más de veinte años, ya le recomendábamos a las autoridades cerrar Cambalache, porque no era un terreno idóneo” comenta el vicepresidente de la Sociedad Conservacionista de Guayana, Francisco Valdez Mederico.
Su cercanía con el río lo hacen un terreno propenso a la percolación y posible contaminación de las aguas subterráneas, y existe una alta probabilidad de que el Orinoco esté siendo, en este momento, seriamente afectado por el conjunto de elementos tóxicos resultado del irresponsable tratamiento de sólidos, líquidos y gases en Cambalache.
Aunado a esto, está el drama social que ahí se vive. Recientes estudios de la UNEG revelan precarias condiciones de la población aledaña al vertedero. Exposición a gases peligrosos, producto de la quema de desechos. Escuelas y residencias carentes de los servicios públicos básicos como el agua potable, servicio eléctrico y servicio de excretas y aguas servidas.
Por su parte, la seguridad es nula dentro del propio vertedero. Mafias controlan el comercio de reciclado, y comunidades indígenas enteras, hacen el trabajo de selección y separación para la venta a particulares, por supuesto, sin ningún tipo de control de sanidad.
El informe anual 2006-2007de Provea sobre los derechos a un ambiente sano hacen una mención especial al “inadecuado tratamiento de los desechos médicos en el Estado Bolívar y la violación del decreto 2218, el cual obliga a que sean manejados de una forma específica, pues de lo contrario se pueden ocasionar problemas de salud en quienes los manipulen y en las comunidades aledañas adonde se los deposite”.
“El Ministerio del Ambiente y la Dirección de Proambiente de Almacaroní ya adelantan un proyecto del nuevo relleno sanitario que debe estar funcional para principios de 2009”, afirma Rafael Gelvis, funcionario de la CPSP. Se plantea la habilitación de un terreno de 9 kilómetros en el sector de “Patillal” en la vía entre Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, lo que requiere, obligatoriamente, centros de transferencia.

EL CAMIÓN PASA Y LA BASURA VUELVE
José Castillo, con más de quince años supervisando los procesos de limpieza y recolección de basura de Ciudad Guayana, asegura que “la pronta normalización del servicio del aseo urbano dependerá de la colaboración (…) la gente tiene que entender que hay un horario determinado para disponer la basura en las aceras, de manera que el camión tenga que pasar una sola vez y dejar todo limpio”, de esta manera se aprovecha y aumenta el rendimiento del personal y el equipo de recolección.
“En el centro de San Félix uno pasaba a las 6 y dejaba todo como nuevo y ya a las 7 estaba todo igual o peor”, explica Castillo, y es que los comerciantes y residentes de la ciudad deben adaptar su horario de disposición de los residuos al horario de las rutas y frecuencias de la compañía de aseo.
Por las avenidas y calles principales las compactadoras pasan dos veces al día, todos los días y en las zonas residenciales el servicio es ínter diario. Castillo asevera que los puntos críticos de la urbe son las avenidas Manuel Piar y Dalla Costa, así como las calles Guarapiche, principal de Unare, la principal de Castillito, y las zonas residenciales Villa Africana, Barrio Guayana, Los Olivos, Curagua y Caujaro.

CUESTIÓN DE TODOS
Innumerables son las posibilidades y estrategias para la solución del problema de los desechos. Sin embargo, todas pasan y coinciden en el no ensuciar, y eso depende los elementos generadores: las personas. La responsabilidad ciudadana es primordial, pero debe ser provocada e incentivada por la gerencia municipal encargada del tratamiento de los desechos sólidos, por el Estado en general, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación.
Los planes de sensibilización deben brindar información, desde qué es y qué no es basura, cuál es su ciclo de vida, sus fases, entre ellas, la separación y reaprovechamiento de la misma. Promover el reciclaje y la recuperación y reúso de los desechos. Seguir acelerando y perturbando los patrones del consumo, apaciguarse ante los insensatos hábitos de disposición de residuos y esperar a que disminuya y se deteriore la flota de equipos para la recolección, es el camino del que debemos escapar desde ahora mismo.

PONTE LAS PILAS
La ordenanza municipal sobre el aseo urbano domiciliario está lista y solo faltan detalles para ponerla en marcha. La ordenanza sigue los patrones del desarrollo sustentable y la producción más limpia, propuestos en los convenios internacionales y la Ley Orgánica del Ambiente. Estas son algunas consideraciones sobre las prohibiciones y sanciones. Diez cosas que no debes hacer:
1. Arrojar residuos, desechos sólidos o cualquier otro material en calles, aceras, islas de avenidas, parques, plazas, en fin, en cualquier lugar público no destinado para la disposición de los mismos.
2. Abandonar en calles, aceras, estacionamientos o cualquier lugar público, materiales de construcción.
3. Quemar residuos o desechos sólidos en el área urbana o sus adyacencias. 4. Arrojar sobre aceras, calzadas o lugares públicos, aguas servidas y desperdicios líquidos. 5. El abandono de vehículos en lugares públicos.
6. El abandono de animales enfermos, heridos o muertos en lugares públicos o terrenos privados en estado de abandono.
7. Arrojar a la calle la basura proveniente de los inmuebles.
8. Lanzar desde vehículos, panfletos, cromos, propagandas o publicidad.
9. Colocar en los recipientes destinados al depósito, residuos tóxicos o explosivos.
10. Colocar en los recipientes objetos cuyo peso o volumen dificulte el traslado, animales muertos y excrementos, escombros de materiales de construcción, desechos peligrosos de origen hospitalario y chatarras de gran volumen.
Las sanciones van desde amonestaciones verbales o por escrito, orden de limpieza y reparación de daño y multas en unidades tributarias que van desde las 3UT a las 500UT, que por cierto subieron su valor a partir de enero de 2008.

La leche pasa y nada que se queda (I y II)

El tesoro lácteo sigue en su vaivén, mientras tanto el Gobierno sigue importando y los productores buscando la fórmula de seguir en el negocio sin perder utilidad.

¿Hay leche? le murmura la doña a la empleada del supermercado, quien le responde tediosamente ¡pase mañana! Esa es otra de las tantas escenas protagonizadas por los venezolanos en una de las novelas con más rating del momento, la de la leche. El mercado de leche en Venezuela está en constante fluctuación y no se termina de normalizar el flujo del producto, las razones diversas: aumento del consumo nacional y del precio internacional, competencia desleal, precios controlados, acaparamiento y contrabando, excesivos costos de los insumos de producción, inseguridad jurídica y personal del medio ganadero, importaciones descontroladas, infraestructura agrícola deteriorada y la casi imperceptible asistencia científica y técnica en los centros de producción, representan gran parte del vocabulario recurrente en la trama de la búsqueda del tesoro lácteo.

PRODUCCIÒN NACIONAL EN DECLIVE

Por diversas razones Venezuela ha venido sufriendo una constante caída tanto de la producción como del consumo, a partir del inicio de la década pasada. Cifras ofrecidas conjuntamente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas (Cavilac) muestran que en los ochenta, una persona consumía un promedio de 130 litros de leche por año. La década de los 90 representó un declive de ese mismo consumo, que bajó a poco menos de 50 litros, puesto que el promedio anual en el pasado decenio fue de 88 litros per cápita. En 2004 cada venezolano consumió 66 litros al año, la mitad de los 120 litros recomendados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Paralelamente la producción disminuía su rendimiento. Desde 1993 Venezuela está en el último puesto de países latinoamericanos en vías de desarrollo, en producción de leche cruda, 40 puntos por debajo del promedio, también según cifras del INE y Cavilac, lo que contrasta, con el hecho de que hasta 2004, los productores venezolanos eran primeros en América toda, en precios recibidos por litro de leche, con 0,38 dólares por litro, el menor era Uruguay con 0.12 dólares el litro.
Algunas tesis disponen el génesis de la debacle en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, quinquenio en el que se eliminaron los subsidios a la industria ganadera. “Cuando se producían 3000 mil litros en la era de Lusinchi, en el gobierno de Caldera se terminó produciendo 400, el alimento concentrado lo subsidiaba el Estado en más del 50% por lo que una vaca lechera que se comía 5 kilos de concentrado terminó comiéndose nada” Asegura el productor ganadero Pedro Castro.
Desde de 1988, cuando se produjo un pico histórico de 1744 toneladas, se viene experimentando un franco derrumbe de la producción, para 2003 se produjeron 1007 toneladas. “El trabajo genético que se había hecho en Venezuela se perdió, trabajo hecho con pajuelas de altísimo valor genético logrado con razas de primeras, como Holstein, Pardo Suizo y otras razas nobles” afirma Castro. En el segundo gobierno de Rafael Caldera la ganadería nacional experimenta otra de sus grandes recaídas, las tasas de interés subieron estrepitosamente, y los productores llegaron a pagar 90 y 100 por ciento de interés anual sobre los créditos que tenían. Eso provocó un retroceso en la ganadería, vendiendo ganado para pagar, y para no perder las tierras se llegaban a 40 y 50 vacas para pagarle al banco, comenta Pedro Castro, ganadero de la región.
Hoy la ganadería, se desenvuelve en un marco situacional complejo y confuso. El actual Gobierno ha emprendido políticas anti latifundistas, otorgando créditos a pequeños y medianos empresarios, creando fábricas procesadoras de leche e importando grandes cantidades de leche en polvo en planes de contingencia para abastecer a la población. Por su parte, la ganadería lechera privada, ha tenido que enfrentar una serie de condiciones que van desde la regulación del precio del producto, el aumento irracional de los insumos de producción, inseguridad y desprestigio. Entre la guerra contra el latifundio, las invasiones, la inseguridad jurídica y personal y un ejercicio económico perjudicial, están las causas de la merma del producto en el mercado, “el año pasado atracaron esta finca y mi equipo de trabajo renunció totalmente, los insimenadores, ordeñadores y operadores de tanques, y los insumos no paran de subir, el alambre de púa, el nitrógeno para los tanques, los lubricantes, todo ha duplicado el precio” destaca Castro.

LA DEMANDA AUMENTA
En los últimos cinco años, aunque a niveles muy por debajo de los promedios de los ochenta, la demanda nacional del producto ha ido en crecimiento. “Hay que reconocer que la producción lechera nacional no satisface la demanda y el consumo per cápita ha aumentado, en algunos rubros hasta el 30%, lo que indica que existe mayor poder adquisitivo, por su parte, la población crece 500 mil personas por año”, Afirma Francisco Muradas, Presidente de la Federación de Productores Agropecuarios de Bolívar (Feproagro). La industria ganadera ha perdido la capacidad de procesar la suficiente leche en polvo, preferida entre los venezolanos, y entre las razones está la baja rentabilidad del negocio.
Casi la totalidad de la leche en polvo que se consume en Venezuela es importada, Cavilac informó las importaciones en 2007 fue de 130.000 toneladas, de las cuales 78.000 toneladas son adquiridas por la empresa privada y el resto por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), instituto del Estado. Paradójicamente la producción aumentó en un 24% pero el consumo los superó por el doble, según cálculos de Cavilac, se pasó de 1.388 a 1.724 millones de litros producidos, y el mercado demanda 2.200 millones de litros anualmente. Y sobre las cifras de la Federación Nacional de Ganaderos, en 2007, se produjo 1.200 millones de litros, pero el consumo fue de 2.400.
Por otra parte, el precio de la leche internacional ha triplicado su valor en un período de 2 años, por la colosal demanda mundial, liderada por mercado asiático. De 1500 dólares la tonelada paso a casi 6000. Se debe entender lo que significa que además de control de precios congelado desde 2003, ahora pretenden imponer control de mercado, ya que los productores deben entregar leche a las empresas oficiales por debajo del precio de mercado, afirma Jorge Ordóñez, consultor ganadero y editor de la Gaceta Ganadera, “Todos esos factores son más limitantes de la inversión en producción de leche que los altos costos de producción, puesto que tener que competir con leche importada con dólares preferenciales, sin aranceles, basta para desanimar a los productores de productos no regulados, por eso se importan más carros y celulares que los que se ensamblan aquí”.
De allí entonces, la ausencia constante de leche en polvo, y aunque el importador privado ha decidido no usar la licencia para traer el producto, para traer otro, aún así el negocio es rentable, según Ordóñez quien dice que “Las tasas de interés subsidiadas, los impuestos exonerados, los combustibles regalados, no bastan para convencer a los agentes económicos que inviertan en leche, pero los que están metidos en el negocio están creciendo como lo demuestra el precio alcanzado por las novillas de reemplazo”.

EL GANADERO DICE
Estadísticas de la industria ganadera señalan que solo el 30% del negocio nacional está dedicado a la leche. Nuestro problema ha sido básicamente, que pocas inversiones vienen al campo por la baja rentabilidad del negocio, si se tienen, cebo ganado, hago agricultura, crío ganado de doble propósito, y al final produzco leche, al momento de hacer la escogencia en tu esquema de producción has dejado de último a la leche, comenta Pedro Castro, productor de leche del Municipio Piar, quien complementa diciendo que “eso se debe a que es muy complicado desde el punto de vista de mano de obra y a la baja rentabilidad, por los costos de producción que tenemos, en virtud de que el alimento concentrado es importado y libre, porque nunca el gobierno le ha puesto una restricción de precio”.
En la Federación de Productores Agropecuarios de Bolívar (Feproagro) asegura que casi toda la leche fluida es para queso artesanal, el resto, un porcentaje minoritario para la planta Parmalat. Francisco Muradas, Presidente de la institución asegura que 16mil litros diarios producidos por 48 productores le venden a Parmalat, el resto, entre 40 y 45mil litros diarios, es para queso artesanal, queso duro, cincho, guayanés, dependiendo de las condiciones del año.
“Es el 35% de la leche fluida que se consume en Bolívar, se produce en el Estado, el resto viene de otros lados” afirma Muradas. Y es que la escasez del producto se desprende un problema integral, no hay acaparamiento, hay insolvencia en la producción y entre los factores que generan esa situación están, la inseguridad jurídica y personal, el costo de los insumos, fertilizantes, semillas, maquinarias, equipo de trabajo, lubricantes, repuestos, así como la vialidad agrícola que está en el suelo, interpreta el Presidente de Feproagro, quien expresa que el problema está en que “todo el mundo quiere intervenir en la distribución de alimentos, pero nadie en la producción, desde la AN, el Ejército, la Guardia Nacional, Pdval, Mercal, el Indecu”.
Por su parte, Julio Malavé, Presidente de la Asociación de Ganaderos de Upata, manifiesta su preocupación por las complicaciones de la parte operativa. “La cuestión pasa porque no hay animales, hace muchos años dejó de ser un negocio al producción de leche, entonces inventamos una figura de un animal de doble propósito, que no es chicha ni limonada, no es carne y no es leche”, Como se conoce, en el Gobierno de Pérez, se tenían 24 millones de cabezas, con el desbarajuste de caldera se llegó a 16, la presente administración las lleva en 11.
“Es necesario que nos subsidien para que una vez visto nuestro ejercicio económico nos completen, y que nos regulen nuestros insumos, lubricantes, repuestos y cauchos para tractores, alambre de púa, los medicamentos para animales, entre otros, sobre todo el alimento concentrado”, Asevera el productor Pedro castro, puesto que una vaca de 10 litros necesita 4 kilos de concentrado y una vaca de 20 litros 8 kilos de concentrado y los alimentos concentrados, subieron más del 80%, en 2006 estaban 22 mil hoy en 50 mil bolívares, y para cada litro de leche producido necesitas 3 kilos de concentrado.

EL GOBIERNO RESPONDE
La leche en polvo en todos sus tipos, sin incluir fórmulas alimenticias para lactantes, está en 9.360 Bolívares por kilo en sobre y 10.988 por kilo en lata. Y el productor primario debe recibir de la leche a puerta de corral 1.500 Bolívares. El gobierno ha emprendido una política dual en el manejo de la leche. Una estrategia se dirige hacia el control de una posible inflación generada por la competencia insana de empresas privadas y al acaparamiento y contrabando de algún sector, descartando que la razón de la escasez se deba al control de precios.
La otra estrategia se enmarca en la inversión en importaciones y acentuar el subsidio a los productores del campo. Por Puerto Cabello ya ingresaron 12.000 toneladas de leche, a esto se le debe sumar la entrada de 7.000 toneladas de leche en polvo y 4.000 de larga duración provenientes de Argentina mensualmente hasta junio. Por su parte, el Presidente de la República ha anunciado, la asignación 500 millones de dólares para planes de producción lechera nacional.
Entre esos planes están, un plan masivo de inseminación artificial a costo cero para el productor, un plan sanitario gratuito, alimentación subsidiada a las vacas inseminadas durante un año, dotación de unidades de ordeño y frío, y el subsidio la siembra y mantenimiento de pasto. Él mismo, detalló la pretensión de alcanzar la cifra de 9 millones de animales y la compra de un millón 560 mil unidades de inseminación, 650 mil toneladas alimento concentrado y 12 mil unidades del sistema de ordeño mecánico modular, todo esto bajo la figura del Fondo Nacional de Producción Lechera.
Julio Malavé, Presidente de la Asociación de Ganaderos de Upata, ha sido beneficiado por uno de los créditos otorgados para un sistema intensivo de producción de leche. “Me parece muy bien que el gobierno se esté ocupando de la producción de leche, porque los créditos no pueden seguir orientados únicamente a productores artesanales, también deben ir a donde la finca está establecida, donde se tiene un pies de cría formado, infraestructura, y debe ser otorgado a largo plazo, para que el productor tenga oportunidad de consolidarse y aumentar su productividad” comenta Malavé, sin embargo asegura que no basta sólo con el dinero otorgado, eso debe conllevar una asistencia técnica integral, en todo sentido, en nutrición animal, genética, reproducción y administración, acompañado del apoyo en la infraestructura y servicios públicos como la electricidad porque es necesaria para mantener activas las ordeñadoras mecánicas, tanques de enfriamiento y sistema de riego.
El crédito es concedido con 460 millones de Bolívares, para pagarlo en 5 años con dos años de gracia y tres años para pagar en cuotas mensuales de 13 millones, por se está trabajando en llevar el crédito a 20 años modificando la ley del crédito agrícola.
Según Malavé, es bien fuerte un crédito así, sobre todo para los pequeños productores, porque una vaca viene formándose a los 3 años y es cuando empieza a dar los picos de producción. La instalación de un sistema de riego, 48 animales, máquinas de ordeño, un termo de inseminación y un pozo en 6 hectáreas forman la base de esta figura.
Las agencias de prensas del Gobierno, han publicado, la aprobación un plan en el que se invertirán 1.300 millones de Bolívares fuertes destinados a recuperar 6.000 kilómetros de vialidad agrícola ganadera y rural, esto acompañado con la creación de una nueva empresa estatal, anunciada para febrero, dirigida a estimular el desarrollo genético para la producción de leche y carne.
Estos planes y estrategias están dirigidas a incrementar la productividad del sistema nacional de ganadería, pero existen preocupaciones como la del Presidente de la federación de Productores Agropecuarios de Bolívar, quien afirma que “lo malo es, que para recibir los créditos debes afiliarte a una asociación pro gobierno, y lo único que debería hacer falta para recibir un crédito es el aval que se tenga de estar capacitado para producir y tu voluntad de hacerlo, por lo que debería ser abierto para todos los productores serios”.

SIN INVESTIGACIÓN NO HAY PRODUCCIÓN
La producción de leche tiene una relación directamente proporcional al uso de la tecnología y la ciencia de la reproducción y genética. “Por falta de condiciones y de investigación, nos acostumbramos a producir 3 o 4 litros a potrero, cuando quizás el animal tenga el potencial natural de producir tres veces más de esa cantidad” asevera Pedro Castro, productor lechero. Unas de las vías de escape del escenario improductivo está en las respuestas de cómo hacerlo, cómo financiarlo y cómo propagar los efectos de políticas acertadas en la producción al resto del circuito lácteo, plantea Jorge Ordóñez, editor de la Gaceta Ganadera, quien señala que “Es tarea enorme que tendrá que ser abordada por la industria en estrecha cooperación con los gobiernos nacional y regional, apoyados por el sector científico y tecnológico que aunque tímido ha acumulado capacidad y experiencia para resolver los problemas de productividad, estacionalidad, calidad y consistencia que consuetudinariamente han afectado al sector lácteo primario venezolano”.
En el Estado Bolívar existen, al menos, dos vías para canalizar el apoyo científico y asistencia técnica desde el Estado al productor privado. Son entes subordinados al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, uno es el Instituto Nacional de Investigación Agrícola Bolívar (INIA) y otro, Fundacite Bolívar.
Del primero, recién constituido en el Estado, no se conoce ningún plan o estrategia de coordinación en el área de la ganadería lechera, de hecho, se intentó en numerosas ocasiones lograr una entrevista con los representantes de la Dirección del mismo, lamentablemente, de manera infructuosa, no hubo respuestas del mismo.
“La labor del INIA se ha venido a menos y casi no se ve, nosotros tuvimos con ellos hace un par de años una buena experiencia con unos cursos de alimentación animal y alimentación suplementaria, pero de allí hasta acá más nada” afirma Julio Malavé, Presidente de la Asociación de Ganaderos de Upata.
Y el caso de Fundacite, una institución encaminada a fomentar la organización y capacitación del pequeño y mediano productor, llevan adelante más de 40 Redes Socialistas de Innovación Productiva, 12 entre el campo de la ganadería de doble propósito y de los quesos artesanales. Sin embargo, esta institución que trabaja en el campo de la promoción científica, no cuenta con niveles de independencia presupuestaria para poder generar mayores resultados. “Aquí tienen las puertas abiertas todos, sin embargo, los ganaderos privados que soliciten asistencia deben venir organizados en un gran número, y bajo alguna figura legal, ya sea asociación civil o cooperativa, de esa manera se atenderán con cursos de adiestramiento y conocimiento aplicado” explica la Lic. María Ximena Núñez, Coordinadora Promotora de las Redes Socialistas de innovación Productiva.
“Nosotros tuvimos una reunión muy productiva, promovida por la Gobernación el año pasado con la gente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) que cuentan con una buenísima experiencia con el programa (PIDEL), Programa Integral de Desarrollo Lechero, donde tiene más de 500 fincas asistidas en todos los aspectos, el reproductivo, sanitario, nutrición, pero, seguimos sin respuesta de la Gobernación, que al parecer no se sabe si presupuestó para poner en marcha ese convenio que debería incluir a todas las universidades y a instituciones como el INIA”, Comenta Julio Malavé sobre esa experiencia hasta ahora fallida, que concretamente, fue promovida en un principio por Fundacite Bolívar, con el apoyo de la Asociación de Ganaderos de El Palmar (ASOGAPAL), la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) y la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), cuando realizaron el II Foro de “Tecnologías Aplicadas a la Ganadería de Doble Propósito”, con el fin de capacitar a los productores de carne y leche pertenecientes a las Redes de Innovación Productivas de Ganadería de Doble Propósito de los Municipios Padre Pedro Chien, Roscio y Sifontes. Hasta ahora, no hay resultados visibles al respecto.

EL OJO DEL DUEÑO ENGORDA AL GANADO
Cuando un productor deja de ir a la finca la producción baja, muestra de eso es el caso de Francisco Muradas, Presidente de Feproagro, “El primer factor de temor del ganadero es la inseguridad jurídica y personal, y no hay nada peor para la producción que eso. Yo vi como mi producción bajo de 1500 litros a solo mil, por no poder estar el tiempo necesario en la finca, y cuando puedo ir, voy con miedo”.
Después de que el Comando regional número 8 cesara en sus actividades, por la intervención del mismo por presuntos hechos de corrupción, ha disminuido el trabajo de patrullaje en las zonas rurales y ganaderas. Hay que reconocer que la Guardia Nacional había hecho un excelente trabajo en el sector rural, llevaba cierto control, estaba pendiente de los trabajadores y de los recorridos por las rutas agrícolas, comenta Muradas, quien llama la atención diciendo que “A raíz de la intervención de la Guardia en el Estado Bolívar sin sustituirlos con otros organismos, quedamos desamparados y a la deriva”.
Después de la intervención del CORE-8 por indicios de corrupción, la Guardia solo puede salir con el permiso del teatro de operaciones número 5 del Ejército. “Antes la situación no era perfecta pero la guardia estaba en la calle, por supuesto que se tenía más control de la situación, asegura una fuente vinculada a la Guardia Nacional.
“Luego vino la intervención de la Policía del Estado, esos son factores determinantes. Si se logrará controlar esa situación la recuperación de la producción es inminente, quizás sin tomar en cuenta muchas de las acciones que se están ejecutando ahora” afirma Muradas.
Por otra parte, los empresarios ganaderos del sur del estado hacen un llamado a las autoridades, en este caso Pdvsa y Ejército a facilitar la adquisición de gasoil para el productor. Con la intención de limitar el consumo del combustible a mineros ilegales están sufriendo las consecuencias ganaderos y agricultores. “No están suministrando el gasoil, tenemos problemas con eso, hoy viene una orden y mañana otra, en fin nos cortaron el servicio de gasoil el Piar, así que le hacemos un llamado a las autoridades militares y civiles, porque nosotros no somos contrabandistas ni mineros, somos productores” exhorta Julio Malavé- Ahora mismo se están haciendo los trabajos de verano con las máquinas y se exige mucho gasoil.

AL FINAL
Productores y Gobierno, se mueven con el mismo objetivo en diferentes direcciones. De esa manera no se resuelve una coyuntura, que pudiera convertirse en emergencia de salud pública. Acabar con el lenguaje agresivo contra el productor y compromiso con el bienestar de todos lo venezolanos son claves de parte y parte para salir de este embarazoso embotellamiento.
El empresario reconoce que los créditos son necesarios y bien intencionados, solo que es necesaria la asistencia técnica.
“Yo siempre he dicho que debemos sentarnos las instituciones y productores y buscarle una solución a la crisis, Estoy seguro que hablando mejoramos la producción a corto y mediano plazo en un 30% la producción de leche y carne”
Hoy no llegamos al 50% de la carne que se produce en el país, se informa desde Feproagro, el resto viene de afuera. “Eso no es positivo, y no es estar en contra de las importaciones, porque entiendo que hay que hacerlas, porque la gente no puede pasar hambre, pero en el fondo es pan para hoy y hambre para mañana, ese dinero que se usa para importar alimento, debiéramos hacer un trabajo paralelo, para incrementar la producción nacional” ratifica Francisco Muradas.

Dispuestas las piezas sobre el tablero, gobierno y sector privado ofrecen distintas perspectivas de la situación produciendo confusión y convirtiendo en laberíntico un posible contexto reconciliatorio. El control de precios contiene ficticiamente la inflación mientras proliferan todas las posibles modalidades del mercado negro que multiplica los casos de especulación y acaparamiento.

JUEGO TRANCADO
“Antes del pasado 2 de Diciembre, ningún empresario quería arriesgarse y por miedo a ser despropiado no invertía, de manera de dejarle solo el esqueleto al gobierno de convertirse en realidad la expropiación, eso ahora ha cambiado”, aseveraba el vocero oficial de la Asociación de Supermercados del Estado Bolívar (Asumabol), Sebastián García. La coyuntura política posterior a Abril de 2002 revertió el escenario económico y social.
El sistema de producción alimentario entró en letargo desde entonces. Con la escalonada constitución de políticas reivindicativas de los trabajadores y el control de precios surge el fenómeno de discapacidad de respuesta del mercado que expone Jorge Ordóñez, editor de la Gaceta Ganadera, cuando dice “el marco regulador se vio seriamente modificado, numerosas leyes que afectan las relaciones laborales y sus costos, las políticas comerciales y sus efectos, la carga tributaria y sobre todo el marco institucional (…) La salida de Venezuela de la CAN y el ingreso aún no digerido a Mercosur conjuntamente con la exoneración de aranceles a los productos de la canasta básica a partir de febrero del 2003, el control de precios y el control de cambio, modificaron los escenarios comerciales de manera importante”.
A esto el productor agropecuario le suma la dificultad adicional ofrecida por los procedimientos impuestos por la gestión pública, a lo que se refiere Ordóñez cuando manifiesta “que hace imposible conocer a cabalidad las listas protocolares de los ministerios del ramo: Minal, MAT, Milco y Minep y sus agencias Casa, Mercal, CVA, Fondafa, Sasa y cuantos otros, paralelamente a la inactividad de las Juntas Nacionales y la desaparición del Comité Nacional de la Carne y finalmente el carácter optativo de las leyes, la discrecionalidad y aplicación discriminatoria de las mismas, hicieron particularmente difícil las decisiones de inversión”.

SIN INVERSIÓN, CERO PRODUCCIÓN
En 2003, el exceso de liquidez en la calle aumenta la demanda, escasea la oferta, remontan los precios y acelera la inflación. El Ejecutivo Nacional en marzo de ese mismo año decreta el control de precios indefinidamente, en su mayoría para productos de origen animal. No obstante, el aumento del consumo y los precios que produce un lógico incremento de la utilidad, no se reflejó en la reinversión para la producción, de manera que se estancó la oferta.
“Los beneficios no fueron uniformemente distribuidos a lo largo de las diferentes cadenas (…) aunque el sector primario siempre se vio favorecido por el aumento de los precios, donde el incremento del consumo fue mayormente satisfecho con importaciones, los recursos se capitalizaron aguas abajo, entre el beneficio, la transformación, la distribución y el comercio”, asegura Ordóñez.
El sector privado cataloga al control de precios como un “madrugonazo”, en palabras del entonces presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa), Nelson da Gamma, el gobierno debió establecer previamente un proceso de negociación con la cadena de producción.
Creció entre los empresarios la inconformidad por el marco jurídico laboral y la desconfianza ante el mito de la desaparición de la propiedad privada. De esa forma, los frutos obtenidos de la rentabilidad generada por el aumento del consumo no se direccionó a la inversión en materia tecnológica, elemento que, reconoce Ordóñez, “propicia la optimización de procesos productivos en función de mejorar la competitividad del negocio en términos de calidad y costo (…) capitalizando en información, capacitación, planificación económica y financiera, organización de los recursos, diversificación, articulación con los procesos agroindustriales, acceso a los mercados, promoción de agro negocios y vinculación al crédito”.
Mientras tanto el gobierno aceleró las importaciones en ciclos irregulares y con procedimientos deficientes que no evitaron los brotes de escasez, mientras seguía inflexible ante la liberación de precios, que revisó después de cuatro años, en febrero de 2007, cuando a juicio de Jorge Ordóñez “la inflación acumulada superaba el 90% y el aumento del precio en el mercado internacional terminaba por afectar el flujo de importaciones, como en el caso de la leche en polvo”.

PLATAFORMA DAÑADA
El caso de la leche puede ser analizado como confiable indicador de la realidad alimentaria venezolana. El sistema de producción lácteo nacional se ladea sin pisar fuerte ante las necesidades, por la inexistencia de una estructura sólida respaldada por la constante inversión creadora de empleo y a la postre garante de altos rendimientos productivos. En lo que respecta al mercado cárnico de 2006, Ordóñez comenta “importación de ganado en pie de regiones no libres de aftosa, la transferencia de animales de levante hacia Colombia y precio de referencia del novillo gordo venezolano superior a 1,60 dólares americanos por kilogramo, mientras que el precio promedio de Mercosur alcanzó los 0,85 dólares americanos por Kg, debilitan la competitividad del circuito cárnico bovino venezolano frente a los grandes productores de América del Sur”. No obstante, en su estudio de Costos de Producción de Leche, 2006, afirma que la evidente caída de la producción no se le debe atribuir al precio de la leche, que contaba aún con buena utilidad, sino a factores como la inseguridad personal y jurídica, y la percepción de amenazas a la propiedad privada y las libertades económicas. Esto afecta la inversión y sin inversión es imposible recuperar y mucho menos aumentar la producción.

¿Qué tenemos?
3.240 millones de litros de leche por año
3,4 millones de vacas
170.000 trabajadores
3.75 millones de hectáreas
300 billones de bolívares para producirlos

¿Qué queremos?
85 mil trabajadores permanentes
1.000 millones de litros al año
1,8 millones de hectáreas
1,7 millones de vacas
150 billones de bolívares en inversión

Dónde va la lucha antidroga en Venezuela (I y II)

Ante la amenazante epidemia mundial de abuso de drogas, Venezuela se debate entre el mayor productor y consumidor, y ahora presenta el Nuevo Plan Nacional Antidrogas.

Cifras de la Onudd, indican que el mundo tiene 200 millones de consumidores de drogas ilícitas entre los 191 países que miembros de la organización, y existen alrededor de 56 millones en los Estados Unidos de América. "El fracaso en los programas de erradicación intensiva sugiere que finalmente ha llegado el momento de considerar seriamente la legalización de la marihuana en Estados Unidos" afirma Jon Gettman, autor de un estudio sobre el crecimiento del cultivo de marihuana en 2006. Se espera que el nuevo Plan Nacional Antidrogas logre asentarse, sin perder su intencionalidad, y para eso es necesario el concurso de todos, incitando la constante contraloría social sobre los organismos policiales y su canalización de denuncias.

EN CASA
El pasado año se decomisaron en todo el territorio venezolano, 57 toneladas de sustancias ilícitas, entre ellas, 31 de cocaína y 25 de marihuana, según cifras de la ONA. Y en el Estado Bolívar, solo se pudieron incautar 686 kilogramos, lo que nos dejó en el puesto quince en el ámbito nacional.
“Tenemos que arreciar las políticas de incautaciones de drogas ilícitas a nivel regional y local, en especial el Estado Bolívar, ya que es un estado que desde lo geopolítico permite que sea usado para el tráfico de drogas, por su cercanía a Brasil, al Delta y a Guyana” precisa Reverol cuando analiza la alarmante incapacidad de las policías estadales y municipales, que solo pudieron detectar y confiscar 4 mil toneladas de drogas en el transcurso de 2007.
Con los resultados de las encuestas previstas, se espera que se dispare una alarma hacia abajo y hacia arriba, para que las comunidades se involucren en su problemática y el gobierno nacional disponga más recursos para el ente rector antidrogas, comenta Mederico, quien asegura que los planes de prevención se adelantan con la entrega de 17 tipos de manuales que están siendo distribuidos en todos los niveles educativos y los consejos comunales.
“Ahora mismo contamos con poco apoyo logístico para la distribución de los manuales y la aplicación de talleres” asevera Mederico, Comisionado de la OMA, y quien reconoce la contribución de C.V.G Alcasa con la producción de copias de los mismos.
En materias de represión, la ONA ha dispuesto el 0-800-6623368, un número de denuncias anónimas, desde las comunidades, para facilitar el trabajo de las policías. “La Red Nacional Antidrogas debería facilitar el trabajo a los organismos policiales, con la instalación del centro de denuncias anónimas, que resguardan la identidad del denunciante al 100%”.
Por su parte, Halley Coraspe, Director de Cemodro dice “Primero me permito felicitar a la ONA por tomar la iniciativa de bajar la estructura informativa preventiva a nivel de todos los municipios, con la finalidad de tomar la opinión general para la creación del Plan Nacional Antidroga”, sin embargo, plantea que el problema está en la canalización de las denuncias. “Cómo hacer para que los funcionarios policiales atiendan las denuncias si están vinculados con los jíbaros y distribuidores” se pregunta Coraspe.
La posibilidad de que se conozca al denunciante se reduce a cero, el sistema de atención a la denuncia tendrá registrado al denunciante y esa información va los organismos policiales que canalizan el proceso, ahora con la diferencia de ser monitoreados por funcionarios de la ONA, precisa Mederico, incitando a las comunidades en su deber de activar la contraloría social e insistir en la denuncia, puesto que, la labor policial sobrepasa las atribuciones de la ONA.

LA SALIDA
La lucha antidroga es de todos, “No hacemos nada sin la previsión, podemos meter a un muchacho en un grupo de ayuda, pero si no le ofrecemos un plan de prevención completo de nada va a servir” comenta Jesús Jiménez, vocero del consejo comunal Paramaconi.
El macro tráfico se canaliza directamente por las Fuerzas Armadas y la ONA, pero el éxito en la disminución del micro tráfico, dependerá de la reducción de la demanda y de la participación ciudadana asegura Néstor Reverol, Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas.
La clave está en la difusión de los materiales educativos de prevención, allí entran los medios de comunicación, en las campañas informativas, afirma Mederico, quien expresa que la OMA pretende involucrar a las emisoras comunitarias y que han hecho llamados a los periódicos y radios privadas, sin respuesta alguna.
“El problema de la droga es grave, hay mucho distribuidor, y los consejos comunales están interesados en una salida” afirma Jiménez, quien además se desempeña en la oficina de atención social de la parroquia San Buenaventura dice, una buena idea es no dejar a los jóvenes solos, sino ocuparlos en algo representativo.
En ese sentido, la ONA, a largo plazo se plantea la creación de centros integrales deportivos y culturales, con la supervisión de psicólogos y sociólogos, eso partiendo del 1% que toda empresa con más de 50 empleados debe disponer al fondo anual de la Oficina Nacional Antidrogas, con lo que se pretende recoger 9 millardos de Bs-f, expresa Mederico.
Una vez más, todo pasa por la corresponsabilidad ciudadana, el sector privado y el público, así como la sociedad organizada en todas sus versiones, deben entender el problema de la droga como un factor de lesa humanidad, y es prudente al menos, activar los instrumentos para propiciar el rechazo colectivo y disminuir la demanda, orientando políticas humanas en el tratamiento y rehabilitación del consumidor. Al final es necesario reconocer la situación geopolítica de la nación. Vecinos del mayor productor de drogas en el mundo, y vía de salida hacia el país más consumidor, EEUU, con más de 56 millones de personas adictas a sustancias ilícitas. El modelo está preparado, ahora corresponde a la sociedad, aislando las querencias políticas y culturales, a responder con firmeza, ante esta, no tan nueva, epidemia multimillonaria del consumo de sustancias ilícitas.

CONTRADICCIONES
La ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), Mildred Camero, en 2004, señalaba que las versiones norteamericanas sobre la supuesta falta de colaboración de Venezuela en la lucha contra el uso ilícito de las drogas no se correspondían con la verdad, “Esos son discursos políticos que no se comparan con la realidad y muestra de ello son todos los acuerdos internacionales., de hecho, hemos tenido reuniones bilaterales y nos hemos sentado a trabajar (…) A mediano plazo nos vamos a convertir en uno de los pocos países del mundo donde se hayan establecido los mejores controles”.
El 29 de enero del presente año, la misma ex funcionaria explicaba que “En Venezuela hay debilidad de los controles y hay mucha complicidad de algunos órganos de seguridad (…) La comunidad internacional debe estar impresionada con lo que pasa en Venezuela y que podría haber sanciones para el país (…) Ya no existen estadísticas en el organismo oficial que lucha contra el tráfico ilegal de drogas y asegura que el consumo en Venezuela ha aumentado y que la mayor parte de la droga que va a Estados Unidos pasa por Venezuela, hasta hace tres años por nuestro país pasaban cerca de 300 toneladas de cocaína”.

La realidad no se conoce con certeza, pero está en las manos de la sociedad organizada pedir la información certificada y auditar la actuación de los organismos del Estado correspondientes, de manera que se eviten situaciones como estas.

Cifras de la Onudd, indican que el mundo tiene 200 millones de consumidores de drogas ilícitas entre los 191 países que miembros de la organización, y existen alrededor de 56 millones en los Estados Unidos de América. "El fracaso en los programas de erradicación intensiva sugiere que finalmente ha llegado el momento de considerar seriamente la legalización de la marihuana en Estados Unidos" afirma Jon Gettman, autor de un estudio sobre el crecimiento del cultivo de marihuana en 2006. Se espera que el nuevo Plan Nacional Antidrogas logre asentarse, sin perder su intencionalidad, y para eso es necesario el concurso de todos, incitando la constante contraloría social sobre los organismos policiales y su canalización de denuncias.

EN CASA
El pasado año se decomisaron en todo el territorio venezolano, 57 toneladas de sustancias ilícitas, entre ellas, 31 de cocaína y 25 de marihuana, según cifras de la ONA. Y en el Estado Bolívar, solo se pudieron incautar 686 kilogramos, lo que nos dejó en el puesto quince en el ámbito nacional.
“Tenemos que arreciar las políticas de incautaciones de drogas ilícitas a nivel regional y local, en especial el Estado Bolívar, ya que es un estado que desde lo geopolítico permite que sea usado para el tráfico de drogas, por su cercanía a Brasil, al Delta y a Guyana” precisa Reverol cuando analiza la alarmante incapacidad de las policías estadales y municipales, que solo pudieron detectar y confiscar 4 mil toneladas de drogas en el transcurso de 2007.
Con los resultados de las encuestas previstas, se espera que se dispare una alarma hacia abajo y hacia arriba, para que las comunidades se involucren en su problemática y el gobierno nacional disponga más recursos para el ente rector antidrogas, comenta Mederico, quien asegura que los planes de prevención se adelantan con la entrega de 17 tipos de manuales que están siendo distribuidos en todos los niveles educativos y los consejos comunales.
“Ahora mismo contamos con poco apoyo logístico para la distribución de los manuales y la aplicación de talleres” asevera Mederico, Comisionado de la OMA, y quien reconoce la contribución de C.V.G Alcasa con la producción de copias de los mismos.
En materias de represión, la ONA ha dispuesto el 0-800-6623368, un número de denuncias anónimas, desde las comunidades, para facilitar el trabajo de las policías. “La Red Nacional Antidrogas debería facilitar el trabajo a los organismos policiales, con la instalación del centro de denuncias anónimas, que resguardan la identidad del denunciante al 100%”.
Por su parte, Halley Coraspe, Director de Cemodro dice “Primero me permito felicitar a la ONA por tomar la iniciativa de bajar la estructura informativa preventiva a nivel de todos los municipios, con la finalidad de tomar la opinión general para la creación del Plan Nacional Antidroga”, sin embargo, plantea que el problema está en la canalización de las denuncias. “Cómo hacer para que los funcionarios policiales atiendan las denuncias si están vinculados con los jíbaros y distribuidores” se pregunta Coraspe.
La posibilidad de que se conozca al denunciante se reduce a cero, el sistema de atención a la denuncia tendrá registrado al denunciante y esa información va los organismos policiales que canalizan el proceso, ahora con la diferencia de ser monitoreados por funcionarios de la ONA, precisa Mederico, incitando a las comunidades en su deber de activar la contraloría social e insistir en la denuncia, puesto que, la labor policial sobrepasa las atribuciones de la ONA.

LA SALIDA
La lucha antidroga es de todos, “No hacemos nada sin la previsión, podemos meter a un muchacho en un grupo de ayuda, pero si no le ofrecemos un plan de prevención completo de nada va a servir” comenta Jesús Jiménez, vocero del consejo comunal Paramaconi.
El macro tráfico se canaliza directamente por las Fuerzas Armadas y la ONA, pero el éxito en la disminución del micro tráfico, dependerá de la reducción de la demanda y de la participación ciudadana asegura Néstor Reverol, Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas.
La clave está en la difusión de los materiales educativos de prevención, allí entran los medios de comunicación, en las campañas informativas, afirma Mederico, quien expresa que la OMA pretende involucrar a las emisoras comunitarias y que han hecho llamados a los periódicos y radios privadas, sin respuesta alguna.
“El problema de la droga es grave, hay mucho distribuidor, y los consejos comunales están interesados en una salida” afirma Jiménez, quien además se desempeña en la oficina de atención social de la parroquia San Buenaventura dice, una buena idea es no dejar a los jóvenes solos, sino ocuparlos en algo representativo.
En ese sentido, la ONA, a largo plazo se plantea la creación de centros integrales deportivos y culturales, con la supervisión de psicólogos y sociólogos, eso partiendo del 1% que toda empresa con más de 50 empleados debe disponer al fondo anual de la Oficina Nacional Antidrogas, con lo que se pretende recoger 9 millardos de Bs-f, expresa Mederico.
Una vez más, todo pasa por la corresponsabilidad ciudadana, el sector privado y el público, así como la sociedad organizada en todas sus versiones, deben entender el problema de la droga como un factor de lesa humanidad, y es prudente al menos, activar los instrumentos para propiciar el rechazo colectivo y disminuir la demanda, orientando políticas humanas en el tratamiento y rehabilitación del consumidor. Al final es necesario reconocer la situación geopolítica de la nación. Vecinos del mayor productor de drogas en el mundo, y vía de salida hacia el país más consumidor, EEUU, con más de 56 millones de personas adictas a sustancias ilícitas. El modelo está preparado, ahora corresponde a la sociedad, aislando las querencias políticas y culturales, a responder con firmeza, ante esta, no tan nueva, epidemia multimillonaria del consumo de sustancias ilícitas.

CONTRADICCIONES
La ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), Mildred Camero, en 2004, señalaba que las versiones norteamericanas sobre la supuesta falta de colaboración de Venezuela en la lucha contra el uso ilícito de las drogas no se correspondían con la verdad, “Esos son discursos políticos que no se comparan con la realidad y muestra de ello son todos los acuerdos internacionales., de hecho, hemos tenido reuniones bilaterales y nos hemos sentado a trabajar (…) A mediano plazo nos vamos a convertir en uno de los pocos países del mundo donde se hayan establecido los mejores controles”.
El 29 de enero del presente año, la misma ex funcionaria explicaba que “En Venezuela hay debilidad de los controles y hay mucha complicidad de algunos órganos de seguridad (…) La comunidad internacional debe estar impresionada con lo que pasa en Venezuela y que podría haber sanciones para el país (…) Ya no existen estadísticas en el organismo oficial que lucha contra el tráfico ilegal de drogas y asegura que el consumo en Venezuela ha aumentado y que la mayor parte de la droga que va a Estados Unidos pasa por Venezuela, hasta hace tres años por nuestro país pasaban cerca de 300 toneladas de cocaína”.
La realidad no se conoce con certeza, pero está en las manos de la sociedad organizada pedir la información certificada y auditar la actuación de los organismos del Estado correspondientes, de manera que se eviten situaciones como estas.

Desabastecimiento: una cadena de dificultades (I, II y III)

Propios y extraños resisten sus efectos sin entender el por qué de una realidad que estriba en el inconveniente desencuentro entre el gobierno y el sector privado

La crisis mundial de alimentos, control de precios, acaparamiento y especulación, desorientación gubernamental, mediocridad en la plataforma de producción nacional, aumento desmedido del consumo, demora en el autorización de divisas para importaciones, volatilidad del escenario político y el rudimentario sistema agropecuario nacional entre otras, son algunas de las pistas que se funden en el espectral escenario de la demanda insatisfecha y la escasez de alimentos en el mercado venezolano.

ESTO ES LO QUE HAY
¡Se acabó la leche! ¡Subió el pan! ¡Apúrate que llegó la carne! ¡Pasé tres horas en una cola y no conseguí azúcar! Son algunas de las voces más comunes en la frecuencia popular, mientras tanto la realidad de la crisis alimentaria nacional parece hacerse cíclica, integrándose, desafortunadamente a la penosa cadena de dificultades crónicas de la sociedad venezolana. Ya se cumplen poco más de cuatro años de escuchar, ver y leer las inagotables explicaciones brindadas por la vocería pública y privada, sobre las causas vinculadas a los brotes de escasez alimentaria, sin certificarse ninguna de las dos tesis.
Sin embargo, lo cierto es que la opinión pública nacional integró al desabastecimiento como uno de sus temas predilectos desde mediados del 2003, año en que se decretó el control de precios como régimen antiinflacionario y medida regulatoria del costo de la vida, costo que fluctuaba desfavorablemente ante el aumento sostenido del consumo privado, que desde 1999 exhibía una tasa de crecimiento anual superior al 6,85%.

TEORÍAS ENCONTRADAS
Ante la delicada novel coyuntura, tanto el gobierno como el sector privado, emprendieron sus respectivas campañas de defensa y ataque.
1.- "Delincuentes (...) intentan acaparar productos alimenticios para fomentar desabastecimiento y elevar precios" manifestaba el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas. La línea informativa institucional de la representación gubernamental gravitó desde entonces entre la antipatriótica conducta criminal de la cadena de producción, distribución y comercialización privada que juega al acaparamiento y especulación, la crisis mundial de alimentos debido al extraordinario incremento de la demanda de países como China e India, y el bajo nivel de compromiso social del empresariado capitalista para con el pueblo.
2.- "Las políticas gubernamentales limitan la posibilidad de generar valor agregado y empleo (…) y han traído como consecuencia la mayor inflación de América Latina" así comentaba el entonces presidente de Fedecámaras, José Luís Betancourt. De esa manera la matriz de información generada por el sector privado justificaba la escasez con el inflexible control de precios, las excesivas importaciones exoneradas de impuestos, la traba en la certificación de licencias y divisas, y la modificación del marco legal laboral anti capital.

EL INICIO DEL JUEGO
La crisis del abastecimiento de alimentos en Venezuela se pudiera entender partiendo de la evolución del sistema sociopolítico y sus variantes económicas. “El balance: demanda insatisfecha y aumento de los precios o franca escasez y especulación, crecimiento de las ganancias y florecimiento de oportunidades, abonadas por el aumento del crédito y la disminución de las tasas de interés”, son las conclusiones presentadas por el experto ganadero Jorge Ordóñez Vela cuando se refiere a la realidad del mercado cárnico nacional que seguramente, sirve como reflejo generalizado de la situación alimentaria del país.
La histórica ascensión del ingreso petrolero coincidente con el ejercicio de la administración del presidente Chávez, se convirtió en franca transmisión del gasto público in crescendo a la población, esto traducido en programas sociales, recuperación del empleo, ampliación del crédito y aumento del salario básico, lo que generó la elevación del consumo privado sostenidamente por siete años consecutivos.
Todo esto acompañado de la paulatina restructuración del marco jurídico laboral pro-trabajador en un sistema naturalmente capitalista, estableciéndose figuras desprendidas de las modificaciones de la Ley del Trabajo, la homologación del salario mínimo rural, los continuos aumentos del salario mínimo, la inamovilidad laboral, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Alimentación.
De esta forma, el mercado fue superado y según Ordóñez la respuesta fue parcial e indecisa por lo que justificaba la incapacidad de abastecer el mercado cárnico diciendo que “lo largo del ciclo productivo de los bovinos, el descenso en la inversión y el estancamiento del rebaño bovino nacional, afectado por la inseguridad y la incertidumbre generada entre otras razones por la aplicación de la Ley de Tierras, impidieron una respuesta significativa”.

EL EFECTO MARIPOSA
Los expertos vienen alertando por años la propensión de ejercer políticas agroalimentarias globalizantes erróneas, como el cultivo extensivo que no soluciona, sino que mantiene bajos los rendimientos de cosecha, sin poder satisfacer la demanda de alimentos propios del crecimiento poblacional.
La subida de los precios es un efecto global, pan, leche y huevo suben en más de 20% debido al progresivo aumento del costo de materias primas, fruto de la súper demanda y la insuficiente producción mundial que no satisface del todo el mercado asiático y no compensa con los mismos precios al europeo y americano, lo que ocasiona el fenómeno de la escasez.
Recientemente La Asociación de Lácteos de China informó el aumento del consumo de leche, el cual arribó a 76% en los últimos seis años. Y es que China ha modificado su política alimentaria, occidentalizando la dieta tradicional y procurando satisfacer el mercado interno tienden a importar cada vez más, elevando el consumo per capita de productos alimenticios básicos como la carne y leche a casi el doble de lo acostumbrado, en 2002 el consumo de leche aumentó de 26 kilocalorías per cápita a 43 kilocalorías en 2005, esto según la FAO.
El caso del consumo lácteo en China es único. Genéticamente intolerantes a la lactosa, han sido poco amigos de la leche, pero eso ha cambiado junto con la creciente disponibilidad económica de la sociedad. Hoy se constituyen en el tercer mayor productor de leche del mundo detrás de EEUU e India y aún así en el 2006 subieron su importación láctea a 25%.
Sin embargo, la importación de estos países trasciende y no es exclusiva de la industria lechera, puesto que adquieren también, materias primas, cereales, aceite, pescado y harinas entre otros. India y China conforman casi la tercera parte de la población mundial y con sus economías en avasallante desarrollo hacen temblar al resto del globo terráqueo, Venezuela no es la excepción. Pero a diferencia de muchos países suramericanos, en la actualidad requerimos importar alimentos sin poder generar capacidad de exportación, desperdiciando la oportunidad comercial del boom de mega importaciones del gigante asiático.

Dispuestas las piezas sobre el tablero, gobierno y sector privado ofrecen distintas perspectivas de la situación produciendo confusión y convirtiendo en laberíntico un posible contexto reconciliatorio. El control de precios contiene ficticiamente la inflación mientras proliferan todas las posibles modalidades del mercado negro que multiplica los casos de especulación y acaparamiento.

JUEGO TRANCADO
“Antes del pasado 2 de Diciembre, ningún empresario quería arriesgarse y por miedo a ser despropiado no invertía, de manera de dejarle solo el esqueleto al gobierno de convertirse en realidad la expropiación, eso ahora ha cambiado”, aseveraba el vocero oficial de la Asociación de Supermercados del Estado Bolívar (Asumabol), Sebastián García. La coyuntura política posterior a Abril de 2002 revertió el escenario económico y social.
El sistema de producción alimentario entró en letargo desde entonces. Con la escalonada constitución de políticas reivindicativas de los trabajadores y el control de precios surge el fenómeno de discapacidad de respuesta del mercado que expone Jorge Ordóñez, editor de la Gaceta Ganadera, cuando dice “el marco regulador se vio seriamente modificado, numerosas leyes que afectan las relaciones laborales y sus costos, las políticas comerciales y sus efectos, la carga tributaria y sobre todo el marco institucional (…) La salida de Venezuela de la CAN y el ingreso aún no digerido a Mercosur conjuntamente con la exoneración de aranceles a los productos de la canasta básica a partir de febrero del 2003, el control de precios y el control de cambio, modificaron los escenarios comerciales de manera importante”.
A esto el productor agropecuario le suma la dificultad adicional ofrecida por los procedimientos impuestos por la gestión pública, a lo que se refiere Ordóñez cuando manifiesta “que hace imposible conocer a cabalidad las listas protocolares de los ministerios del ramo: Minal, MAT, Milco y Minep y sus agencias Casa, Mercal, CVA, Fondafa, Sasa y cuantos otros, paralelamente a la inactividad de las Juntas Nacionales y la desaparición del Comité Nacional de la Carne y finalmente el carácter optativo de las leyes, la discrecionalidad y aplicación discriminatoria de las mismas, hicieron particularmente difícil las decisiones de inversión”.

SIN INVERSIÓN, CERO PRODUCCIÓN
En 2003, el exceso de liquidez en la calle aumenta la demanda, escasea la oferta, remontan los precios y acelera la inflación. El Ejecutivo Nacional en marzo de ese mismo año decreta el control de precios indefinidamente, en su mayoría para productos de origen animal. No obstante, el aumento del consumo y los precios que produce un lógico incremento de la utilidad, no se reflejó en la reinversión para la producción, de manera que se estancó la oferta.
“Los beneficios no fueron uniformemente distribuidos a lo largo de las diferentes cadenas (…) aunque el sector primario siempre se vio favorecido por el aumento de los precios, donde el incremento del consumo fue mayormente satisfecho con importaciones, los recursos se capitalizaron aguas abajo, entre el beneficio, la transformación, la distribución y el comercio”, asegura Ordóñez.
El sector privado cataloga al control de precios como un “madrugonazo”, en palabras del entonces presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa), Nelson da Gamma, el gobierno debió establecer previamente un proceso de negociación con la cadena de producción.
Creció entre los empresarios la inconformidad por el marco jurídico laboral y la desconfianza ante el mito de la desaparición de la propiedad privada. De esa forma, los frutos obtenidos de la rentabilidad generada por el aumento del consumo no se direccionó a la inversión en materia tecnológica, elemento que, reconoce Ordóñez, “propicia la optimización de procesos productivos en función de mejorar la competitividad del negocio en términos de calidad y costo (…) capitalizando en información, capacitación, planificación económica y financiera, organización de los recursos, diversificación, articulación con los procesos agroindustriales, acceso a los mercados, promoción de agro negocios y vinculación al crédito”.
Mientras tanto el gobierno aceleró las importaciones en ciclos irregulares y con procedimientos deficientes que no evitaron los brotes de escasez, mientras seguía inflexible ante la liberación de precios, que revisó después de cuatro años, en febrero de 2007, cuando a juicio de Jorge Ordóñez “la inflación acumulada superaba el 90% y el aumento del precio en el mercado internacional terminaba por afectar el flujo de importaciones, como en el caso de la leche en polvo”.

PLATAFORMA DAÑADA
El caso de la leche puede ser analizado como confiable indicador de la realidad alimentaria venezolana. El sistema de producción lácteo nacional se ladea sin pisar fuerte ante las necesidades, por la inexistencia de una estructura sólida respaldada por la constante inversión creadora de empleo y a la postre garante de altos rendimientos productivos. En lo que respecta al mercado cárnico de 2006, Ordóñez comenta “importación de ganado en pie de regiones no libres de aftosa, la transferencia de animales de levante hacia Colombia y precio de referencia del novillo gordo venezolano superior a 1,60 dólares americanos por kilogramo, mientras que el precio promedio de Mercosur alcanzó los 0,85 dólares americanos por Kg, debilitan la competitividad del circuito cárnico bovino venezolano frente a los grandes productores de América del Sur”. No obstante, en su estudio de Costos de Producción de Leche, 2006, afirma que la evidente caída de la producción no se le debe atribuir al precio de la leche, que contaba aún con buena utilidad, sino a factores como la inseguridad personal y jurídica, y la percepción de amenazas a la propiedad privada y las libertades económicas. Esto afecta la inversión y sin inversión es imposible recuperar y mucho menos aumentar la producción.

¿Qué tenemos?
3.240 millones de litros de leche por año
3,4 millones de vacas
170.000 trabajadores
3.75 millones de hectáreas
300 billones de bolívares para producirlos

¿Qué queremos?
85 mil trabajadores permanentes
1.000 millones de litros al año
1,8 millones de hectáreas
1,7 millones de vacas
150 billones de bolívares en inversión

Las causas: crisis mundial de alimentos, control de precios, acaparamiento y especulación, desconcierto gubernamental, mediocridad en la plataforma de producción nacional, aumento desmedido del consumo, volatilidad del escenario político y el endeble sistema agropecuario nacional. Los efectos: escasez, especulación y acaparamiento. El balance final dependerá de la disposición de solventar la problemática y negociar, tanto del lado del gobierno como del empresariado.

CONTROL INCONTROLABLE
La historia de los controles de precios es poco alentadora. Desde las monarquías sumerias de las primeras civilizaciones, pasando por los persas, romanos, la Francia revolucionaria, la Alemania nacional socialista, el Estado argentino de Perón a Kirshner, hasta las democracias venezolanas de Betancourt a Caldera; han ensayado insatisfactoriamente los controles de precios.
Lo que en teoría se justifica como una medida antiinflacionaria y de regulación de los costos y precios, las jefaturas ejecutivas del Estado suelen prolongarla más de la cuenta generando caos en el sistema, transformándose en desabastecimiento, mercado negro, corrupción y especulación.
El control de precios es sustancialmente contrario al aparato económico capitalista, puesto que los precios, como publicaba en 1961 el profesor de economía Joaquín Sanchez-Covisa “no son invenciones odiosas del sistema capitalista. Son un indicador de la relación existente, en un momento dado, entre la cantidad de bienes disponibles, la oferta y la necesidad que de esos bienes tienen los consumidores, la demanda”.
Y si bien es cierto que la orientación política del actual gobierno está enmarcada en un proyecto socialista, aún la plataforma económica es preponderantemente de naturaleza capitalista, por lo que el método es rechazado.
Todo esto, claro está, teniendo en cuenta que el control de precios no se fundamenta en una decisión caprichosa del Ejecutivo. “La normal utilidad de capitalismo es de 20%, aquí hay empresarios que hacen hasta el 250%” destacaba Rodrigo Cabeza en relación a la costumbre del empresariado venezolano de no respetar los limites. La tradicional conducta del sector privado ha sido regulada con las políticas fiscales y tributarias, pero no se ha conseguido aún, ni con el control de cambio, promover el respeto al precio real del mercado, eso es cuestión de moralidad.
El caso Venezuela no ha sido la excepción, el 2006 la inflación finalizó en 17% y aumentó 2% lo que va de enero. El remedio no ayuda. Es preciso entender que el capitalismo funciona bajo una estructura de precios libres. “Cuando un político desea obtener el favor de la opinión, dispone del más fácil de los instrumentos demagógicos: la fijación de precios máximos de venta (…) si los precios máximos fijados están por debajo del costo de producción, los productores obtendrán pérdidas y dejarán de producir”, afirmaba Sanchez- Covisa. Se producirá un espejismo temporal entre los consumidores, pero a la larga escasearan los bienes y servicios regulados dándole entrada a los males ya mencionados.

ESTÁN LLEGANDO LOS CAMIONES
“Ahorita los productos están llegando, vegetales, carnes, leche e incluso la harina, creo que dentro de 15 días la situación ha de normalizarse por completo”, expresa el vocero oficial de Asumabol, Sebastián García. Es posible pensar que los resultados del 2D afectaron directamente el optimismo del sector privado y más aún su atrevimiento para tomar riesgos.
“Para el primer trimestre del próximo año se vislumbra la agudización del desabastecimiento de alimentos, fármacos y repuestos de automóviles pero, aún así, el presidente de Consecomercio encuentra buenas señales para la economía, a diferencia de lo que sostenía antes del 2D”, se publicaba en la edición del 19 de diciembre del Tal Cual Digital.
La liberación de la leche descremada en noviembre, el arribo de las toneladas importadas suficientes de leche en polvo, y las recientes declaraciones de liberaciones progresivas, han reactivado el sector productivo y animado a toda la cadena del productor al comerciante.
El gobierno seguirá importando para abastecer el mercado, mientras tanto, fortalece las políticas de soberanía alimentaria, fundada en los principios de la agroecología y adelantada por el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT).
Su ministro, Elías Jaua, afirmó a finales de diciembre 2006 que “Al cierre de este año, el Plan de Batalla por la Soberanía Alimentaria registró 75% de avance y un crecimiento del sector de 9%”, agregando que se invirtieron 6 billones de bolívares en la recuperación de la vialidad agrícola, la promoción de nuevas empresas y activar el sistema de riego nacional.
Por su parte, el sector privado se vio beneficiado con 12 billones para sembrar un millón 500 mil hectáreas. Se anunció la creación de una filial de Pdvsa encargada a producir y distribuir alimentos. La vocería oficial de la estatal petrolera adelantaba la creación de “una serie de filiales socialistas en el campo industrial, agrícola y de servicios para reducir su dependencia de las contratistas internacionales capitalistas”.
Los organismos de protección al consumidor como el Indecu colaboran en campañas de información, fiscalización y abastecimiento constante, según informó la representante de la oficina de la coordinación regional para el Municipio Caroní, Eva Swiatlowska. “En Guayana estamos enfocados en operativos de abastecimiento y monitoreando denuncias relacionadas con el incumplimiento de los precios regulados, los casos de acaparamiento han sido mínimos”.
En el Estado Bolívar ya se aperturó la creación del plan 2008 del Instituto Regional de Tecnología Agropecuaria a inaugurarse en la franja del Orinoco. Este organismo estará constituido por 12 núcleos de extensión y 3 estaciones experimentales con el propósito de promover la productividad agropecuaria, agroindustrial y forestoindustrial.
El final no se conoce, no obstante, es hora de actuar, liberar los precios gradualmente, estimular la inversión, invertir en tecnología agroalimentaria, incentivar la justa utilidad del sector privado y el sano compromiso para con la sociedad, aplicar la normativa contra la especulación y mercado negro, controlar el flujo de subsidios internos y evitar las catastróficas experiencias centroamericanas provocadas por modelos como los Tratados de Libre Comercio (TLC). Esas son algunas recomendaciones recogidas del eco de la autoría intelectual del sector privado como del público, quizás las claves para aplacar de la frecuencia popular, los lamentos, quejas y sollozos posteriores a una cola interminable en búsqueda del tesoro alimenticio.

¿Y LAS CIFRAS?
Cómo se ataca un problema si no se conoce a fondo. Unos de los grandes desafíos en la construcción de una estructura agroalimentaria seria y sostenida en el tiempo, es la falta de información, por ende el abandono de la investigación. La información disponible sobre niveles de producción, importaciones, disponibilidad y consumo son escasas y tendenciosas. Nadie lleva un registro de producción en Venezuela, solo Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac) encuesta a sus miembros y consigue aproximarse a la producción. Las cifras de importaciones no las suministra Servicio Autónomo de Sanidad Animal (SASA), ni el Instituto Nacional de Estadística (INE), ni Seniat, mucho menos los ministerios del ramo: Alimentación, Producción y Comercio o Agricultura. El Instituto Nacional de Nutrición (INN) basa sus cifras en aproximaciones de Alimentación. Cavilac verifica su información con datos suministrados por los países de origen, algunos en kilogramos o toneladas y otros en dólares. “Por lo retardado del procesamiento los consumos y demás datos de abastecimiento los completa Cavilac entre junio y agosto y luego los somete a negociación con el gobierno quien por lo general no los acepta como válidos, pero tampoco tiene información diferente que suministrar” explica el experto ganadero Jorge Ordóñez.